De hecho, las comunidades y las autoridades indígenas en 1980, se movilizaron bajo la consigna: “Primer marcha de comunidades en lucha” y en 1982 como Movimiento de los Indígenas del Suroccidente Colombiano para dejar claro, que la movilización social corresponde “a la continuación de la lucha y del movimiento por recuperar la tierra que se había gestado a mediados del siglo XVI contra el colonialismo hispánico-occidental, o lo que es más propiamente el movimiento de resistencia de los pueblos y naciones originarias contra la dominación, la integración y la destrucción, por seguir siendo en su identidad y autonomía como pueblos”¹.

Esta lucha, reafirmó el pensamiento de “la resistencia y la liberación de los pueblos” y proclamó que, las comunidades seguirán en “Organización y en Lucha” por la clarificación del pensamiento y el fortalecimiento de los saberes, de los derechos fundamentales de estos pueblos y comunidades, del territorio, del gobierno propio y su autonomía, del derecho mayor, la economía propia, y que era el momento de “recuperar la tierra para recuperarlo todo”. Igualmente planteó, que los diálogos institucionales se deben realizar, bajo la premisa de lograr un entendimiento de “Autoridad a Autoridad, de igual a igual”  y que las relaciones con el estado y sus instituciones deben ser para superar las relaciones de dominación, por las relaciones de respeto de los derechos, respeto de la diferencia histórica y social, la igualdad y la solidaridad. 

Para el año de 1991, continuaron las movilizaciones sociales para hacer un llamado al país y como tal, buscar el apoyo de la población colombiana y hacer presencia en la Asamblea Constituyente afirmando: “Aquí estamos para enterrar 500 años de opresión, para lograr el reconocimiento de nuestros derechos, para impulsar la reconstrucción económica y social de nuestros pueblos. Necesitamos que nuestro pensamiento de lucha sea entendido y nuestros derechos reconocidos y respetados. marchamos por el reconocimiento de nuestro derecho mayor”² y con la participación en la Constituyente de 1991 y en unidad con otras organizaciones nacionales indígenas del país, lograron que se reconozcan los derechos de los pueblos indígenas en la Constitución Política de 1991 y en particular el derecho a la educación.

En este caminar, las comunidades indígenas Pastos y Quillasingas en el año 1999, igualmente se movilizaron al sector de las cruces del territorio indígena de Ipiales, para plantear y exigir ante el gobierno nacional el derecho a la tierra, a la salud, el desarrollo propio, a la educación y otros asuntos relacionados con la vida propia de las comunidades y de alguna forma para visualizar la propuesta de consolidación de universidad que se venía trabajando con los cabildos indígenas.

Es pertinente afirmar que, la propuesta de creación de la universidad, siempre ha estado en las comunidades, en las autoridades, en los acuerdos de las movilizaciones sociales y en las agendas de los dirigentes políticos, por ello, este proyecto no es nuevo, más bien ha sido una construcción colectiva de las comunidades y dirigentes que ha venido madurando poco a poco, como: “Universidad de la Vida y de la Movilización Social”.

Con la experiencia de trabajo comunitario y la movilización social de los pueblos Pastos y Quillasingas, la iniciativa por crear la universidad sigue su marcha y hace parte de la agenda de gestión de los senadores indígenas de AICO en el congreso nacional, se incorpora en el Plan de Acción de los Pastos y en el Plan Binacional para el fortalecimiento cultural y natural del nudo de los Pastos. 

Con el fin de avanzar en la educación propia, se desarrollaron varios proyectos, en este caso: una experiencia de educación superior en Cumbal en convenio interadministrativo de cooperación mutua a efectos de fomentar el centro comunitario de educación superior entre la Universidad de Nariño y el Instituto Divino Niño Jesús de Cumbal Nariño con el objeto de aunar esfuerzos interinstitucionales y dependientes a implementar el Centro Comunitario De Educación Superior -CCES– en el municipio de Cumbal y la experiencia de la “Escuela de Derecho Laureano Inampues” que tiene su origen en el pueblo de los Pastos, resguardo de Guachucal para avanzar en un proceso de formación y resistencia enfocado a clarificar el pensamiento propio de la lucha por la tierra, que un tiempo se concibió como Centro Comunitario De Educación Superior -CCES para convertirse en Universidad y que por falta de apoyo estatal declino en su intención.

Otro hecho importante que ha permitido la consolidación de la Universidad, es la movilización social conocida como el “Paro Nacional Agrario del 2013”, donde igualmente las comunidades indígenas Pastos y Quillasingas toman la vía de las cruces del territorio indígena de Ipiales para exigir ante el gobierno nacional, las políticas públicas diferenciales, planes y programas, en primera instancia para el sector agropecuario y luego para los otros sectores que tienen que ver con el buen vivir de las comunidades. Es de anotar que en esta movilización nace el Conpes Agropecuario 3811 de 2014 y la Mesa Regional Permanente y de Concertación para el desarrollo integral de los pueblos Indígenas Pastos y Quillacingas, que se reconoció mediante decreto 2194 del 7 de octubre de 2013 por el gobierno nacional³, considerándose una instancia legal para concertar y concretar la consolidación, creación y funcionamiento de esta Universidad.

Para el año 2016 – 2017, la gobernación de Nariño, en cumplimiento a los acuerdos firmados en la mesa regional, destinó unos recursos con el fin de realizar el estudio técnico de creación de la Universidad indígena en el Municipio de Guachucal y firmo el contrato de Consultoría No. 1562 de 2016 cuyo objeto fue el “Estudio de factibilidad para la creación de la Universidad Intercultural de los pueblos indígenas en el Municipio de Guachucal, Departamento de Nariño” con el consorcio Minga de Pensamiento, el mismo que dejó unas conclusiones y recomendaciones enfocadas a buscar el cumplimiento de una serie de requisitos que a la fecha no se disponía y cumplía. 

Las Autoridades Indígenas que hacen parte de la mesa regional, en el año 2019 retornan la movilización como movimiento indígena para exigir el cumplimiento de los acuerdos, se firman unas actas y en el mes de mayo del año 2021, convocan al pueblo de los Pastos y Quillasingas a una nueva movilización a realizarse en el territorio indígena de Ipiales Nariño, con el fin de colocar en conocimiento una serie de demandas sociales, económicas, educativas, ambientales, productivas, políticas y contextualizar al gobierno sobre la problemática que ocasionó la Pandemia del Covid-19 en los territorios y comunidades.